Hace dos semanas Marian se prendió fuego a lo bonzo frente a la Subdelegación de Gobierno en Castellón. Anteayer murió solo en el hospital la Fe de Valencia. Su mujer y sus dos hijos que habían presenciado el hecho, partieron a Rumania hace unos días gracias al aporte económico de algún particular y ONG. De no haberse quemado Marian, todos seguirían juntos en su peregrinar diario por las instituciones públicas en búsqueda de esos 400 euros tan necesarios para costear los pasajes de retorno al este europeo después de la pesadilla que la familia había vivido en su experiencia emigrante en los campos españoles.
Las imágenes de aquel día mostraban a un hombre de 44 años atenazado por la desesperación de una realidad agobiante que lo reconoce como nuevo ciudadano europeo pero sin derecho a trabajar en España hasta dentro de dos años. Por lo tanto, quedaba excluido de toda repatriación voluntaria a la que pueden acogerse los inmigrantes no comunitarios. Pero Marian no quería esperar, tampoco quedarse en España, el sólo había sido empujado hasta aquí por una promesa de trabajo que multiplicaba sus expectativas económicas. El trabajo en sí no existía y malvivieron de un lugar a otro en el campo español; lo único que pedían era poder volver a Rumania a la humilde casa, que quizás, nunca debieron dejar atrás.
Por estos días miles de inmigrantes se trasladan de un lugar a otro de la península ibérica para coger un jornal que ayude a ir tirando. Los que tienen papeles (autorización para residir y trabajar) cobran unos 42 euros al día, los que no, pueden llegar a cobrar hasta 20 euros y menos dependiendo si hay intermediarios y el patrón cumple la palabra empeñada. La única certeza es que hay que dejar todo en el tajo durante diez horas y luego volver a malvivir en alguna barraca, descampado, los pocos que tienen suerte consiguen una plaza en algún albergue municipal creado para la ocasión. Siempre faltan camas para los magrebí, latinos, europeos del este y subsaharianos que hacen la ruta de la sobrevivencia.
Marian pertenecía al numeroso colectivo de rumanos que van en búsqueda de la vendimia o vienen de la recolección de fresas. Familias extendidas de etnia gitana que instalan campamentos a las afueras de los pueblos para poder vivir y a la semana siguiente son desalojadas por la policía local y la Guardia Civil. Alquilar un piso para este colectivo resulta casi imposible por la documentación y el prejuicio social-mediático que los acompaña. Pero muchos no quieren esa opción y se decantan por el nomadismo familiar y rara vez recurren a los organismos locales de bienestar. Otros, como Marian, sencillamente están metidos en un laberinto desgarrador por un error de cálculo en la ecuación de la vida que pudo haberse resuelto con 400 euros.
Ahora el cuerpo de Marian está en el depósito de cadáveres a la espera de que algún familiar lo reclame para repatriarlo. Es probable que en un gesto humanitario el gobierno español decida correr con los gastos para así aligerar la carga dramática que desató su cuerpo envuelto en llamas a la hora del telediario.
